En diálogo con LU14, el ex magistrado Joaquín Cabral analizó el conflicto en el Tribunal Superior, defendió la constitucionalidad de la ley de ampliación y advirtió sobre el impacto en la sociedad.
En medio del conflicto que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz, el ex magistrado Joaquín Cabral definió el momento como “espantoso”, y agregó que “en 31 años de justicia nunca viví algo así”.
Cabral explicó que el escenario actual genera “inestabilidad e inseguridad jurídica”, con un funcionamiento que hoy aparece desordenado “incluso para los propios operadores del derecho”. En ese contexto, remarcó que el principal perjudicado es el ciudadano, “con causas demoradas, resoluciones que no llegan y personas detenidas sin definiciones en tiempo adecuado”.
Sobre la ley que amplía la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, el ex juez señaló que “la ley es constitucional. Se siguieron todos los pasos legislativos”, afirmó, aunque reconoció que pueden discutirse otros aspectos como el número de miembros o el mecanismo de designación.
En esa línea, sostuvo que “el verdadero problema no está en la norma sino en su implementación” y en el conflicto institucional que se generó a partir de su aplicación. “Hoy no se sabe quién conduce, quién decide, ni cómo se organiza el Poder Judicial”, describió.
Cabral también fue contundente respecto a un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Si la Corte ordena, hay que cumplir. Es el máximo órgano”, subrayó, y advirtió que desconocer esa autoridad implicaría ingresar en una situación de “desgobierno e inseguridad jurídica”.
El ex magistrado reconoció que existe una percepción social persistente: “La gente asocia justicia con política, es una sensación que ya está instalada”, admitió, y consideró que esa desconfianza se profundiza cuando no hay explicaciones claras sobre los fallos.
En ese sentido, defendió su decisión, durante años de ejercicio, de mantener un vínculo directo con los medios. “Es importante que la gente entienda por qué se falla de una manera u otra”, explicó, al tiempo que sostuvo que “la transparencia contribuye a reducir tensiones sociales” frente a decisiones judiciales.
Un sistema que necesita orden
Para Cabral, el problema actual supera lo coyuntural y expone falencias estructurales. Habló de pérdida de reglas claras, cuestionamientos en los mecanismos de selección de jueces y una falta de conducción que impacta en toda la cadena judicial.
“Esto trasciende la discusión política. Hay un problema de funcionamiento del sistema”, afirmó, y planteó que la salida pasa por “reorganizar” el Poder Judicial y “recuperar la disciplina institucional”.
