El gerente de Hábitat del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Cruz, confirmó que el organismo avanza en la etapa final del proceso de adjudicación de nuevas viviendas en Río Gallegos y destacó que el sorteo priorizará a familias con mayor puntaje y una extensa antigüedad en el registro habitacional. En diálogo con LU14, señaló que el objetivo es dar respuesta a quienes llevan décadas aguardando una solución habitacional.
Cruz explicó que durante 2025 se realizó una actualización masiva del padrón en toda la provincia y que, en el caso de Río Gallegos, se trabajó sobre un registro de 925 familias. A partir de esa tarea, comenzaron a evaluar a quienes reúnen entre 48 y 50 puntos, muchos de ellos con más de 18 y hasta 20 años de inscripción. “Decidimos avanzar con esas familias tanto en esta entrega como en la próxima”, afirmó.
El funcionario detalló que el proceso incluyó cruces de información con los registros de propiedad de la Provincia, la Nación y el municipio, además de visitas sociales realizadas junto al Ministerio de Desarrollo Social. También remarcó que el nuevo sistema busca garantizar mayor transparencia. “Estamos publicando cada paso en el Boletín Oficial y dando la posibilidad de impugnar las decisiones para que todo el procedimiento sea claro”, sostuvo.
Respecto de las viviendas, indicó que unas 32 estarán destinadas al personal policial, mientras que las unidades adaptadas para personas con movilidad reducida serán adjudicadas mediante una evaluación específica y no por sorteo. Asimismo, destacó que todas las casas se entregarán completamente terminadas, con los servicios habilitados y preparadas para futuras ampliaciones. “Queremos que las familias reciban una solución habitacional y no un problema”, expresó.
Finalmente, Cruz adelantó que la próxima semana se publicará el padrón definitivo con las altas y bajas antes de realizar el sorteo. Las exclusiones, explicó, responderán principalmente a la falta de actualización de la documentación, la detección de propiedades registradas o el incumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a una vivienda social.
