En diálogo con Lu14 Radio Provincia de Santa Cruz, Karina Franciscovich, decana de la unidad académica de la UNPA en Río Gallegos, advirtió sobre la crítica situación financiera que enfrentan las universidades públicas, marcada por la incertidumbre sobre el presupuesto 2024 y los crecientes costos operativos.
En medio de la discusión sobre el presupuesto 2024, las universidades públicas se encuentran en una encrucijada financiera que podría comprometer su funcionamiento. Karina Franciscovich, decana de la unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Río Gallegos, explicó en diálogo con el programa “Uno x Uno”, que se emite por LU14 Radio Provincia de Santa Cruz que “la situación actual nos pone en un estado de alerta”, debido a la falta de certezas respecto al financiamiento para el próximo año.
Franciscovich señaló que el panorama se agrava con los ajustes presupuestarios, advirtiendo que “el presupuesto prorrogado que venimos teniendo, más los aumentos paritarios del año pasado, más los aumentos paritarios de este, claramente es mayor que el número planteado por el Estado Nacional”. Esta disparidad genera preocupación, ya que implica que, según indica la decana, “no se están contemplando los gastos de funcionamiento ni la inflación”, lo que afecta directamente la capacidad de las instituciones para operar.
Pero esto no es todo, a la compleja situación presupuestaria se suma un incremento exponencial en los costos de los servicios públicos. “Teníamos cuotas de 500 mil, pasamos a 5 millones, 7 millones, 9 millones, por ejemplo, en gas”, expresó Franciscovich, al tiempo que destacó que algunos ajustes realizados en conjunto con el gobierno provincial lograron mitigar el impacto del aumento en la electricidad, los incrementos en otros rubros como combustible, internet y seguridad siguen golpeando las finanzas de la universidad.
Esta situación no solo afecta a la gestión diaria, sino que también complica la planificación a largo plazo. “Es muy difícil que nos pidan eficiencia con el grado de incertidumbre con el que estamos teniendo que gestionar”, afirmó y subrayó que las universidades, además de enfrentar estos desafíos inmediatos, deben continuar actualizando sus carreras y adaptándose a los cambios tecnológicos.
La incertidumbre también pone en riesgo la inscripción de estudiantes para el próximo ciclo lectivo. Aunque Franciscovich aseguró que se seguirán haciendo todos los esfuerzos necesarios, reconoció que “eso tiene un límite y nosotros como institución dependemos del presupuesto nacional”.
Ante este escenario, las universidades públicas han comenzado a movilizarse. Se espera una marcha frente al Parlamento el próximo 26 de septiembre para exigir respuestas y un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo. “Estaremos acompañados, como lo hemos hecho históricamente”, adelantó Franciscovich, quien no descartó la posibilidad de futuras manifestaciones si el Gobierno Nacional decide no promulgar la ley que refuerza el financiamiento de las universidades.
La situación descrita por la decana refleja un panorama crítico, donde la sostenibilidad de las universidades públicas dependerá de las decisiones que tomen los legisladores en las próximas semanas. “Si el Estado Nacional decide que las universidades no son importantes, no tenemos demasiado más que salir a la calle, como lo hemos hecho siempre”, finalizó.
