Leandro Climenti, secretario gremial del sindicato de Apinta Santa Cruz, advirtió en Radio Provincia sobre las consecuencias del decreto 462/2025 que modifica el estatus del INTA. Denunció la pérdida de autonomía institucional, la posible eliminación de agencias y el impacto negativo sobre las economías regionales.
“Es terrible que tengamos que explicar por qué el INTA es importante”, dijo Leandro Climenti, secretario gremial del sindicato de trabajadores del INTA (Apinta), en una entrevista realizada en Arriba Santa Cruz, por LU14 Radio Provincia. La conversación se dio en el marco de la reciente publicación del decreto 462/2025, que transforma el estatus del organismo, eliminando su autarquía y modificando su estructura de decisión.
“El INTA ha sido una de las pocas políticas de Estado que mantuvo la Argentina durante los últimos 60 años”, afirmó Climenti, y explicó que su valor no radica solo en la generación de conocimiento, sino en su transferencia a los productores de todo el país. “Cualquier productor, grande o pequeño, puede acercarse al INTA y recibir asesoramiento técnico sin costo. Esto motiva a las economías regionales”, remarcó.
Entre los ejemplos desarrollados en Santa Cruz, mencionó el trabajo en Los Antiguos con la “cereza electrónica”, destinada a optimizar la exportación, y el proyecto en Perito Moreno sobre frutas finas, junto al ingeniero Julio Mora. “También acompañamos a productores de agricultura familiar, algo que este gobierno ha desestimado totalmente, como si fuera un existencialismo”, agregó.
Consecuencias del decreto
Según explicó Climenti, la medida disuelve el consejo directivo del INTA, que hasta ahora estaba conformado por representantes del sector productivo, universidades y el Poder Ejecutivo en minoría. “Así se garantizaba que las decisiones no dependieran de un gobierno de turno”, señaló. Desde ahora, el control pasará directamente al Ejecutivo nacional, y en particular, al nuevo presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien –según denunció Climenti– ya había propuesto en febrero el cierre de todas las agencias de extensión y el despido de 1.500 empleados.
“El servicio de extensión fue eliminado de la ley del INTA. Ya no estamos obligados a prestarlo. Eso pone en jaque nuestra función central: acompañar el desarrollo territorial con conocimiento aplicado”, advirtió.
Además, alertó que se evalúa una reducción drástica en los centros regionales, lo que afectaría la estructura en todo el país, incluida la Patagonia, y dejaría en situación incierta a trabajadores con décadas de trayectoria. “Esto no es solo un ataque al presente del INTA, es una herida que nos va a llevar 20 o 30 años reparar. Perdemos generaciones enteras de profesionales capacitados”.
Judicialización y reclamos legislativos
Climenti confirmó que el sindicato evalúa judicializar el decreto, y recordó que el Congreso tiene 30 días desde su publicación para rechazarlo. “Tenemos que exigirle a los diputados y senadores de cada provincia que tomen posición. Es una cuestión federal, de soberanía, de economía regional. No se trata solo de nuestros puestos de trabajo, se trata de lo que pierde el país si el INTA desaparece tal como lo conocemos”.
El dirigente también agradeció el respaldo del ministro de Trabajo de Santa Cruz, quien se acercó a la experimental para interiorizarse de la situación. “Sabemos que el contexto es muy adverso, pero no damos la guerra por perdida. Vamos a seguir defendiendo al INTA porque defendemos un modelo de país con desarrollo para todos los territorios”.
