El presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Pablo Pérez, expresó una fuerte preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de otorgarse un incremento salarial que, según advirtió, profundiza el desfinanciamiento del sistema previsional provincial.
En diálogo con LU14, Pérez explicó que el haber mínimo previsional hoy se ubica en 774 mil pesos y que la resolución del máximo tribunal implica, de enero a octubre, un aumento acumulado equivalente a diez haberes mínimos por cada integrante de la cúpula judicial.
“El sistema previsional no está en condiciones de absorber aumentos definidos sin responsabilidad institucional”, sostuvo, y remarcó que se trata de una decisión unilateral e inconsulta, tomada sin evaluar su impacto en la Caja.
Según detalló, mientras las proyecciones de inflación para 2026 rondan el 21–22% anual, el incremento dispuesto por el TSJ alcanzaría alrededor del 42% en el período mencionado. “Estamos hablando de más del doble de la inflación proyectada. Es una irresponsabilidad institucional”, afirmó, y subrayó que cada modificación salarial en el sector activo impacta de forma directa en las jubilaciones que paga la CPS.
Pérez puso el foco en el carácter solidario del sistema de reparto y abrió el debate sobre si corresponde que todos los trabajadores activos —que aportan mes a mes— sostengan este tipo de decisiones. En ese sentido, planteó la necesidad de discutir regímenes diferenciales para magistrados y funcionarios judiciales, dado que hoy aportan el 14%, igual que el régimen general, pese a percibir haberes significativamente más altos.
Finalmente, el titular de la CPS señaló que la Caja está realizando análisis técnicos y se mantiene a disposición de los poderes del Estado para trabajar de manera conjunta. “No se pueden tomar decisiones salariales de esta magnitud sin evaluar su efecto sobre la sostenibilidad del sistema. El mensaje a la sociedad es preocupante”, concluyó.
