“Lo que nos enteramos el viernes, por propias manifestaciones del director del Instituto fue que se comprobaron algunas irregularidades. Se pretendió hacer una norma general a partir de estos hechos puntuales y se sacó la resolución 005/2017 que hablaba e incorporaba el tema de jubilados con prepagas, o con automóviles de menos de diez años lo que nos pareció absurdo” comentó
Sobre estas condiciones, el Ombudsman de la tercera edad opinó que para los beneficiarios del instituto, “que tenga una prepaga no es una expresión de riqueza. En muchos casos, pacientes que perciben el haber mínimo, sus hijos o algún familiar con mucho esfuerzo le paga una prepaga para precisamente compensar los déficit de atención que pueda tener el propio PAMI. En términos de la ecuación económica, al PAMI le conviene que el jubilado tenga una prepaga porque en muchos casos los estudios, los de mayor complejidad lo hacen a través de ese medio por tardanzas en otorgar turnos o en hacerlos por parte del instituto”.
La realidad es que esta medicación con el 100% de descuento se otorgó tradicionalmente a beneficiarios cuya condición socioeconómica no le permite adquirir el medicamento con el descuento del 50% o del 80 % que tiene PAMI aprobado por ley. Esto se hizo siempre previo a un informe social que hacían las trabajadoras y trabajadores sociales. Según las propias palabras del Defensor Semino, “hacia el 2012 la situación se fue complicando y a veces tardaba dos o tres meses para poder materializarlo. A partir de ese momento, en noviembre de 2012 se empezó a entregar hasta siete medicamentos indistintamente. Los cinco primeros con la prescripción del médico de cabecera. El sexto y séptimo con la justificación del médico especialista. Con este sistema se llegó a cubrir un universo, que es el actual, de un 1.600.000 beneficiarios del Instituto que reciben el 100% gratuitamente”. El costo de este programa anualizado es de $1.300.000.
La situación económica actual de los afiliados al PAMI es precaria. En este sentido el Dr. Semino explicó que desde hace diez años elaboran “dos veces por año la canasta del jubilado con precios de abril y noviembre. En la última medición, en noviembre del año pasado, en Bs As la canasta básica nos da $14 mil. Imaginemos, jubilados de la mínima que perciben $5.659 -que es lo que ganan 3 millones y medio de jubilados- no llegan a cubrir un 40% o 30 % de su propia canasta. Así que menos pueden comprar medicamentos si no pueden comer”.
Consultado sobre el desafortunado manejo en la comunicación de la medida, el Defensor de la Tercera edad manifestó que “lo del anuncio fue una monstruosidad. El gravamen, la angustia que han tenido todos los beneficiarios este fin de semana fue terrible. No tienen noción los funcionarios del daño que causan con este tipo de comentarios. Esto lindó con el grotesco” enfatizó.
Por último consultado sobre los resultados posteriores a la reunión que mantuviera con las nuevas autoridades del PAMI, Semino respondió que “hubo un cambio planteando en que solo se van a revisar los casos donde aparece una manifiesta exposición de riqueza, sin suspender la provisión del medicamento, que es lo que más nos interesa a nosotros y en caso de que se detecte alguna irregularidad, se lo va a convocar al beneficiario. Se va a explicar cuál es la situación y a partir de eso se aceptara el descargo o no.”
“Vamos a estar atentos para que cumplan con su palabra y sobre todo con el derecho adquirido que al respecto tienen nuestros adultos mayores” finalizó.
