Conversamos con la Directora de Promoción y Protección de DDHH de Amnistía Internacional Argentina acerca del pedido de la ONU al estado argentino de liberar a Milagro Sala quien se encuentra “detenida arbitrariamente” en Jujuy. “No vemos otra posibilidad que la de acatar la resolución” afirmó.
La directora de Protección y Promoción de DDHH (AIA) destacó que la presentación que se realizó en la ONU se hizo junto con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) a partir de la detención a principios del 2016 de la parlamentaria Milagro Sala en la provincia de Jujuy.
A partir de la presentación realizada en la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas investigó la denuncia y en el día de hoy decidió que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y en consecuencia solicitó “al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
Además analizó distintos contextos del proceso judicial. La ONU “habla de la falta de independencia del poder Judicial en la Provincia ya que hay designaciones ad hoc para avanzar en los procesos de Milagro Sala y se funda entre otras cosas en una resolución que emite la propia provincia”
“También habla de vulneración del principio de inocencia sin argumentos que convaliden la detención. Dicen que hay una posibilidad de entorpecer la causa y peligro de fuga por parte de Milagro Sala, que son los dos únicos motivos por los cuales una persona debe transcurrir un proceso judicial en la cárcel. En este caso el Grupo de trabajo de la ONU respondió que el Estado no ha convencido con los argumentos que brinda para justificar por qué permanece detenida”
Desde la ONU –agregó- entienden que a partir de la detención de la parlamentaria, aparecen una cantidad de causas contra ella que se activan de un día para el otro y que se hace de manera injustificada.
En este sentido García Rey agregó que tampoco el juez justifica ni argumenta por qué considera que existe por parte de Milagro Sala “peligro de fuga.”
La integrante de Amnistía contó que se trata de “una resolución vinculante contemplando la historia que tiene nuestro país en materia de Derechos Humanos, pero además el Estado participó del proceso, intervino en él. No vemos otra posibilidad que la de acatar la resolución, porque el Estado ha tenido la oportunidad de defenderse y lo ha hecho. Ha aportado información proveniente desde la provincia y desde el Estado Nacional.”
Al respecto consideró que “No vale ahora decir porque no me gusta la decisión no la acato y no la cumplo. Sería un revés para la política exterior del Estado Argentino. Un quiebre frente a lo que ha sido su responsabilidad frente a los organismos internacionales de los derechos humanos.”
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