La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) presentaron un proyecto de ley para regular las tarifas de los servicios públicos. Al respecto, conversamos con el Vicepresidente de CEEN, Juan Angel Ciolli. “El Gobierno Nacional tiene oídos pero no escucha” afirmó.
Ciolli explicó el proyecto y se refirió a la situación que atraviesan las PyMES y que los llevaron a buscar soluciones legales y herramientas para impedir el cierre de las empresas. “¿Por qué no podemos saber los usuarios el precio de boca de pozo de gas?” se preguntó y cuestionó el funcionamiento de las audiencias donde no se brindó la información necesaria a los usuarios.
“Las PyMES no somos formadoras de precios por ende no podemos trasladar a los mismos el incremento de los costos tarifarios. Esto va a implicar el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas” afirmó Ciolli, quien puso el ejemplo de Cueroflex. “Este caso es el más conocido, son 180 puestos de trabajo en riesgo y son 180 familias detrás de ese trabajo.”
A partir de estas cuestiones, es que la CEEN decidió “armar un cuerpo legal que regule el tema de los servicios publico y emperezamos a trabajar con esto y recorriendo los bloques de la Cámara de Diputados y luego iremos a ver a los senadores. Nosotros queremos que antes de que se genere el impacto social y la crisis social inevitable que este tarifazo va a generar queremos tratar de prevenir sus consecuencias.”
Respecto de la regulación y los entes de control de los servicios expresó su descontento. “Hay órganos de control que están colonizados por las mismas empresas que hoy tienen que prestar los servicios. Nadie va a regular en su contra cuando es una de las partes d esa regulación. Los usuarios deben estar dentro de los ámbitos de regulación de los servicios públicos” afirmó.
También se mostró preocupado por el destrato que sufrió la jueza federal de San Martin que dio lugar al amparo a favor de los usuarios.
“Lamentablemente no sabemos cómo va a terminar toda esta historia, y lamentablemente hubo una persecución a la jueza Martina Forns que ella dio la cara y se comprometió con los usuarios en los amparos presentados y sobre ella se avanzó políticamente y se la amenazó. El gobierno está haciendo oídos sordos y es indispensable un marco legal que juegue a favor de los usuarios y del servicios público y de los derechos de todos.”
Las resoluciones del Ministerio de Energía “han introducido una serie de valores arbitrarios e imposibles de pagar que sextuplican los gastos en gas de las pequeñas y medianas empresas” expresan desde la Central.
El proyecto de ley que proponen desde la CEEN establece en el artículo 1 “encomendar al Poder Ejecutivo la confección de un nuevo cuadro de emergencia tarifaria de gas natural para todos los usuarios de Categoría P, GNC, SDB, Industria y Usinas, por el plazo de un año, en el cual se contemple el valor del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de cada cuenca a los valores del 31 de marzo de 2016, como valor PIST producción nacional”.
En sus fundamentos la iniciativa recuerda que “el nuevo cuadro tarifario produce un aumento del gas boca de pozo a valores que llegan a un valor superior a los 5 dólares MBTU para la cuenca neuquina y valores similares en las otras cuencas”. Y “que dicho valor implica un incremento del orden del 73 por ciento en dólares a los que regían a mayo de 2015.”
Al respecto, el proyecto de ley indica que “el aumento de gas en boca de pozo de acuerdo a la resolución 28/2016 convierte al gas natural producido en el país como uno de los más caros del mundo, restando competitividad a la industria e incrementos en la electricidad más allá de los ya efectuados”.
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