La obra de las represas Condor Cliff y La Barrancosa atraviesan uno de los momentos más decisivos desde que el proyecto comenzó a tomar forma hace casi dos décadas. Hubo etapas de impulso político, revisiones técnicas, exigencias judiciales, acuerdos con China y frenos nacionales. Hoy, la provincia sostiene que hizo todo lo necesario para reactivar una obra que promete transformar la matriz energética y productiva de la región. Solo resta la definición del Gobierno Nacional.
A continuación, un recorrido general, que resume este proceso y explica por qué la discusión vuelve a estar en el centro de la agenda:
La idea de represar el río Santa Cruz se remonta a décadas anteriores, pero tomó fuerza en los años 2006 y 2007, cuando Nación y la provincia firmaron los primeros convenios para avanzar en el aprovechamiento hidroeléctrico. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández, el proyecto avanzó, se lanzaron licitaciones, se definieron los diseños iniciales y, en 2014, Argentina acordó un financiamiento de más de USD 4.700 millones con bancos chinos.
La iniciativa quedó instalada como obra estratégica para el sistema eléctrico nacional, aunque desde el comienzo tuvo cuestionamientos ambientales por su impacto en el último gran río glaciario del país.
La etapa de revisión
Entre 2016 y 2018, el proyecto ingresó en un proceso bisagra. Y es que la Corte Suprema exigió la realización de un Estudio de Impacto Ambiental integral y una audiencia pública nacional, lo que obligó a una revisión técnica profunda. Ese proceso derivó en cambios estructurales: reducción de la potencia prevista, modificación de las cotas de embalse y ajustes para disminuir riesgos sobre el Lago Argentino y el entorno del Parque Nacional Los Glaciares.
El proyecto continuó, aunque con menos ritmo del anunciado inicialmente.
En julio de 2017, el Congreso de la Nación realizó la audiencia pública exigida por la Corte Suprema, un espacio que reunió a especialistas, organismos técnicos, ONG, representantes provinciales y a la empresa constructora. Durante esas jornadas se expuso en detalle el Estudio de Impacto Ambiental, se respondieron observaciones y se redefinió el alcance del proyecto. Ese debate permitió ajustar el diseño, reducir la potencia instalada y modificar las cotas de embalse para disminuir riesgos ambientales en el río Santa Cruz y en el sistema glaciario que alimenta al Lago Argentino.
Entre 2019 y 2023, el avance físico de la obra se mantuvo por debajo de lo previsto. Informes técnicos expusieron problemas geológicos, sobrecostos y demoras acumuladas.
A fines de 2023, con el cambio de gobierno nacional, las represas quedaron paralizadas. Se frenaron los desembolsos del financiamiento chino, se interrumpió la actividad en los frentes de obra y miles de trabajadores perdieron su empleo. La provincia quedó sin uno de sus motores productivos más importantes.
El liderazgo provincial en la reactivación
Desde que asumió en diciembre de 2023, el gobernador Claudio Vidal impulsó una estrategia activa para revertir la parálisis. La represa volvió al Presupuesto Nacional 2025, se concretaron reuniones con Nación, se reencauzó el vínculo con la UTE china Gezhouba–Hidrocuyo–Eling y se abrió una mesa política y técnica que sumó a municipios, ministerios provinciales y delegaciones empresarias.
En 2024, Vidal viajó a China para mantener reuniones con las empresas y el sistema financiero involucrado en el proyecto. La provincia trabajó en logística, accesos, seguridad y en la articulación con los gobiernos locales para sostener el reinicio de obra.
En 2025, la dinámica se intensificó con recorridas oficiales por la Cepernic y la Kirchner, acuerdos operativos, visitas de directivos chinos y un anuncio central del Ministerio de Energía provincial: ENARSA y los bancos chinos firmaron la carta que habilita el reinicio técnico-administrativo de la obra.
La reactivación es más que retomar la obra civil. Implica movimiento económico para los municipios, la generación de miles de empleos directos e indirectos, y la incorporación de más de 1.300 MW al sistema eléctrico nacional.
En paralelo, la discusión energética nacional y el contexto geopolítico con China volvieron a poner el tema sobre la mesa. Las represas forman parte de un paquete de infraestructura que incluye otras inversiones estratégicas, lo que aumenta la relevancia del proyecto en la agenda bilateral.
Qué falta ahora
Con acuerdos firmados, logística provincial lista y el compromiso empresarial reconfirmado, Santa Cruz afirma haber cumplido su parte. Lo que queda pendiente es la decisión del Gobierno Nacional para habilitar formalmente el reinicio de obra y activar el flujo de desembolsos.
En una provincia donde la energía, el empleo y la obra pública tienen impacto directo en la vida cotidiana, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. El futuro del río Santa Cruz, de su aprovechamiento hidroeléctrico y del desarrollo regional vuelve a depender de decisiones que se tomarán en las próximas semanas.
