El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó el pedido de trasladar el proceso a Buenos Aires o Mar del Plata. El debate, que podría extenderse más de un año, se realizará en Río Gallegos, a casi ocho años del hundimiento del submarino con 44 tripulantes.
A contramano de lo que solicitaban querellas, fiscalía y defensas, la causa por el hundimiento del ARA San Juan tendrá su juicio en la capital santacruceña. La decisión del tribunal genera malestar entre los familiares de los marinos, que consideran la medida “imposible de cumplir” por las distancias, los costos y la magnitud del debate oral.
En el banquillo estarán cuatro oficiales de la Armada: el contraalmirante Luis López Maceo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Ninguno de ellos estuvo detenido en estos ocho años.
Tagliapietra cuestionó que la investigación no alcanzara a la cadena de mando superior, “desde el jefe de la Armada hasta el ministro de Defensa y el expresidente”, ni que se completaran todas las pericias necesarias para establecer con certeza las causas del hundimiento. “Es un juicio que se va a desarrollar con lo que hay”, resumió.
Un juicio lejos de todos
El juicio podría extenderse más de un año y prevé la declaración de más de doscientos testigos. Para las familias, la decisión de realizarlo en Río Gallegos implica un obstáculo casi insalvable. “No solo es contraproducente, es materialmente imposible para las partes”, explicó Tagliapietra.
La mayoría de los querellantes y defensas tienen domicilio en Buenos Aires o Mar del Plata, por lo que deberían viajar constantemente más de dos mil kilómetros para asistir a las audiencias. A esa distancia se suma un dato concreto: el aeropuerto de la capital santacruceña permanece cerrado por obras, lo que obliga a llegar por tierra.
“Después de ocho años, cada uno de nosotros tuvo que rehacer su vida en lo personal, familiar y laboral. Pretender que podamos instalarnos en Río Gallegos para seguir el juicio es como decirnos que no vayamos”, advirtió el abogado.
El dolor agravado por el espionaje ilegal
A la falta de respuestas se suma otro capítulo doloroso: el espionaje ilegal. Durante más de un año, las familias del ARA San Juan fueron seguidas, fotografiadas y escuchadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Mauricio Macri. Los teléfonos y correos electrónicos de los querellantes fueron intervenidos, hubo seguimientos físicos, incluso a menores de edad, y los informes con nombres y movimientos de esposas e hijos de los tripulantes eran elevados directamente a la Casa Rosada.
“El material probó que nos pincharon los teléfonos, nos hicieron seguimientos personales, nos filmaron y fotografiaron, incluso cuando llevábamos a nuestros hijos al colegio. Todo eso iba en informes dirigidos al entonces presidente”, relató Tagliapietra.
La Cámara Federal de Comodoro Py reconoció la existencia de esas pruebas, pero sostuvo que se trataba de medidas para “garantizar la seguridad del presidente”. Para el abogado, esa explicación carece de toda lógica. “¿Qué tiene que ver que yo vaya a pedir a un organismo internacional que analice la implosión del submarino con la seguridad del presidente? Es ridículo desde todo ángulo posible. Lo que buscaban era adelantarse a nuestros pasos, desactivarnos”.
El caso, que ya dejó a Mauricio Macri sobreseído por vínculos personales con uno de los camaristas, aguarda ahora la definición de la Corte Suprema y podría llegar a instancias internacionales. “Es muy grave. Nunca fuimos violentos, nunca pusimos en riesgo a nadie. Solo pedimos verdad y respeto, y lo que recibimos fue ninguneo y espionaje”, resumió.
Más allá de las trabas, los familiares mantienen intacto el objetivo que los guía desde 2017: saber qué ocurrió con el submarino. “Nunca pedimos cárcel. Queremos honrar a nuestros hijos con la verdad”, insistió Tagliapietra.
El juicio en Río Gallegos aún no tiene fecha confirmada.
