En una entrevista con nuestro corresponsal en Capital Federal, Pedro Romero, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat se pronunció sobre el veto presidencial a la ley que afecta el régimen jubilatorio, calificando la medida como inconstitucional y un retroceso en materia de derechos humanos.
Barcesat señaló que, según la Constitución, la deuda pública y las decisiones que afectan derechos fundamentales como el régimen jubilatorio deben pasar por el Congreso. “Ninguna de estas normas puede ser resuelta por vía de un decreto de necesidad y urgencia, puenteando las competencias del Congreso Nacional”, afirmó el abogado, recordando la reforma constitucional de 1994 que consolidó el poder del Congreso en estos asuntos.
El constitucionalista destacó que, si bien ya se intentó revertir la medida en el Congreso sin éxito, queda la vía judicial para impugnar el veto. “Lo que ha hecho el presidente es quebrantar el principio de no regresividad en derechos humanos, un principio uniforme del derecho internacional público”, subrayó, argumentando que el veto presidencial afecta derechos que no pueden ser disminuidos ni retrocedidos.
Barcesat también criticó duramente la situación política y el papel de la Corte Suprema, destacando que, al desestimar un reclamo de la provincia de La Rioja por la falta de coparticipación, la Corte “ha dejado sin justicia al pueblo argentino”. En sus palabras, esta decisión demuestra “el grave deterioro institucional” que atraviesa el país, poniendo en riesgo la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho.
En su conclusión, el abogado exhortó a los representantes del Congreso a cumplir con sus funciones y defender la Constitución, tal como juraron al asumir sus cargos. “El pueblo argentino no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, sentenció Barcesat, llamando a una respuesta firme tanto en el ámbito judicial como en el legislativo frente al veto presidencial.
