El secretario de Comercio de Santa Cruz, Paulo Lunzevich, explicó los alcances de la reglamentación de la Ley de Emergencia Comercial y advirtió sobre la compleja situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la provincia. “Hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo que repercute directamente en las pymes, que son las más frágiles ante este contexto”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que la medida fue trabajada junto a la Federación Económica y las cámaras de comercio de toda la provincia con el objetivo principal de frenar ejecuciones y embargos fiscales. “Entendemos que hoy un embargo para una pyme implica cerrar, porque corta la cadena de pagos, el pago de sueldos y termina profundizando aún más la crisis”, afirmó.
Lunzevich detalló que las empresas que quieran acceder a los beneficios deberán contar con certificado MiPyME vigente, domicilio fiscal en Santa Cruz y acreditar actividad dentro de la provincia. Además, remarcó que el trámite fue simplificado para facilitar el acceso desde el interior provincial: “Creamos un sistema casi digital para que puedan hacer todo de manera rápida y recibir la constancia en muy poco tiempo”.
El funcionario señaló además que Río Gallegos atraviesa una situación particularmente compleja y reveló que uno de los factores más determinantes en el cierre de comercios es el valor de los alquileres. “Muchos comerciantes cierran cuando tienen que renovar el contrato porque no pueden afrontar los nuevos valores”, explicó. También indicó que el esquema comercial está cambiando hacia formatos digitales y ventas multicanal: “Hoy el único canal de venta que no cayó es el digital”.
Finalmente, informó que las pymes adheridas podrán acceder a planes especiales de regularización de deuda con ASIP, Servicios Públicos y Distrigas, con facilidades de pago y suspensión de ejecuciones fiscales provinciales. “La intención es sostener a las empresas y al empleo santacruceño mientras atravesamos esta situación”, concluyó.
