Mónica Acosta, secretaria de Asuntos Sociocomunitarios del Gobierno fueguino e histórica referente de las fábricas recuperadas, analizó en diálogo con Radio Provincia la visita del presidente Javier Milei a Ushuaia. Habló de desempleo, pérdida de soberanía y la amenaza sobre la Ley 19.640.
En el extremo austral del país, la visita de Javier Milei no pasó inadvertida. Para Mónica Acosta, secretaria de Asuntos Sociocomunitarios del Gobierno de Tierra del Fuego y dirigente con trayectoria en el movimiento obrero y cooperativo, lo ocurrido en Ushuaia refleja un clima social atravesado por la incertidumbre y la crisis.
“En estos dos años hemos visto fábricas cerradas que llevaban más de 30 años de productividad. Tenemos más de 10.000 empleos caídos entre la actividad electrónica, el comercio y el turismo, que también está muy alicaído”, describió. En su relato aparecen postales duras, de trabajadores textiles que sobreviven vendiendo sábanas y toallas en la puerta de las plantas, industrias clausuradas y familias expulsadas por la falta de trabajo.
Acosta recordó que en los años ’90 la desindustrialización se vivió con fuerte represión estatal. Hoy, señaló, la confrontación se da entre vecinos. “Soy obrera de fábrica, pero enfrente puedo tener a mi hijo uniformado. Después tengo que convivir con él en el supermercado. En una comunidad pequeña como la nuestra, eso genera una herida muy difícil de sanar”, advirtió.
La funcionaria destacó que la visita presidencial no incluyó agenda con el gobierno provincial y se dio en un contexto delicado: caída de la obra pública, reducción de fondos coparticipables y un costo de vida asfixiante. “Para salir de la isla ante una emergencia sanitaria se necesitan más de un millón de pesos. No hay diálogo con la Nación y eso es lo peor que nos puede pasar”, afirmó.
Uno de los puntos centrales fue el cuestionamiento a la política industrial fueguina. Mientras Milei sostuvo que Tierra del Fuego demuestra que la reducción de la carga fiscal impulsa la producción, Acosta retrucó; “No sé a qué se refiere. La provincia cobra un 2% a través de la tasa de verificación de procesos productivos. La Nación, en cambio, ha ido derogando nuestra ley 19.640 de hecho, mediante decretos y la apertura indiscriminada de importaciones”.
La dirigente explicó que medidas recientes —como la eliminación de normas antidumping y la autorización de importaciones de microondas y aires acondicionados— ponen en riesgo miles de empleos locales. Además, cuestionó los anuncios oficiales; “Publican listados de productos que según ellos se fabrican en la isla y no es así. Hablan de videocaseteras, eso es desconocimiento o mala intención”.
Más allá del plano económico, Acosta advirtió que “sin industria claramente somos la moneda de intercambio para el pago de la deuda externa o lo que fuera, lo primero que tienen que hacer es despoblar, entonces nos van sacando todos los días trabajo, trabajo, trabajo para expulsar a las familias localmente”. En esa línea recordó que “no es poca cosa levantarse en Ushuaia y un día encontrar que parte de la contrapartida del pedido del Fondo Monetario para el pago de la deuda externa es la creación de una base naval norteamericana en nuestra ciudad”, y cuestionó también la propuesta de impulsar “el extractivismo, la contaminación a través de la salmonicultura a escala industrial”.
